FUNDAMENTOS
Solemos pensar la historia como compartimentos estancos donde las etapas se cierran sin vinculación alguna con el pasado. La Argentina evidentemente está cambiando esta forma de pensar su historia, de vincularse con su pasado, con sus deudas pendientes, con la justicia y de esto dan cuenta las causas reabiertas por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nuestro país en las últimas décadas.
En el 2003 el Congreso de la Nación Argentina, dicta la ley nacional nº 25.779, derogando así las leyes de impunidad (de Punto Final y Obediencia debida). Los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el 2005 resuelven ratificar la nulidad de esas leyes con una resolución que significó un gran avance en las causas que hasta entonces estaban paralizadas.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en nuestro país hay alrededor de novecientos (900) imputados por crímenes de lesa humanidad, de los cuales sólo un cero coma ocho por ciento (0,8%) está condenado, un treinta y dos por ciento (32%) procesado con prisión preventiva, y un lamentable catorce coma cuatro por ciento (14,4%) ya han fallecido.
Estamos empezando a reconocer que un pedazo de nuestra historia existe. Pocos tienen dudas de que existe y unos tantos preferirían borrarlo, como si acaso fuese posible borrar los efectos, las marcas que el dispositivo del terror dejó en estas tierras, su economía, su identidad, su memoria.
Existe un pasado del que la Justicia lentamente se ha ido haciendo cargo y esto no sin tropiezos, oposiciones, sin vidas humanas pagando el costo de la búsqueda de la verdad y la justicia.
La justicia corre contra el tiempo, tiene sentido en una fracción del tiempo. Es decir: ahora. Esperar más, o no tomar medidas para agilizarla sería la forma más absurda de asesinarla.
Queda mucho por hacer, aún abundan sueltos genocidas y sus cómplices, disfrutando de cargos y salarios que la ley misma excluye a quienes hayan cometido delitos y hayan participado en acciones de discriminación y persecución, racial, política y religiosa. Tienen libertad de acción, juegan en las decisiones a futuro, en la economía, defienden infamia, son formadores de opinión, tienen el pasar de sus vidas como si fuesen ciudadanos ilustres y últimamente tienen potestad sobre su muerte llevándose a la tumba nuestro derecho a la verdad.
A la deuda de los tiempos de la dictadura, se suman las deudas propias de la democracia, del uso ilegal de los aparatos del Estado posterior a 1983. Como lo indica un informe del COORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional): “Desde diciembre de 1983 los gobiernos democráticos mataron, desaparecieron, torturaron hasta morir o masacraron en cárceles y movilizaciones a 2334 personas. Más de la mitad tenían menos de 25 años. La abrumadora mayoría eran pobres. Casi el sesenta por ciento (60%) fue fusilado por el gatillo fácil. El 30% murió en cárceles y comisarías. Desde 1995 hasta 2007, cincuenta y un ciudadanos cayeron bajo las balas de fuerzas provinciales o federales en marchas y movilizaciones populares”. El caso Bulacio; la masacre de Budge; el Escuadrón de la Muerte; la masacre del Puente Pueyrredón, la del 20 de diciembre del 2001, son algunos de los casos emblemáticos de la carga que la justicia acarrea en épocas de democracia.
Hace no muchos años hablar de la masacre de Trelew, la existencia de centros clandestinos de detención, resultaban hechos desconocidos, o en una injusticia para muchos prehistórica. Hoy podemos celebrar causas en marcha con testimonios (de testigos vivos) que confirman las hipótesis cuidadosamente guardadas por la memoria de un pueblo que está aprendiendo a cultivarla. Pero también existe un Julio López, un Febres que huye por el lado de su aliada, la muerte y otros tantos casos donde la justicia se posterga, en algunos casos para siempre y en otros como una carcajada de la injusticia a sus más fieles detractores.
Viendo los avances, pero sobre todo las dificultades existentes para sacar a la luz la verdad y juzgar las violaciones a los Derechos Humanos, esta legislatura no puede estar ni lejana ni ajena a las causas que bregan por una justa resolución del pasado para, a partir de eso, poder asumir con madurez, el crecimiento del futuro.
Por ello:
Autor: Beatriz Manso
Firmantes: Fabián Gatti, Martha Ramidán
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
C O M U N I C A
Artículo 1º.- A la Justicia Federal Argentina, el apoyo en el seguimiento y la resolución de las causas abiertas por las violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país. Se implementen los mecanismos pertinentes para agilizar y esclarecer todas causas abiertas y las futuras.
Artículo 2º.- De forma.
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